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EFE

Huesca 5 MAR 2016 - 18:25 CET

Cuatro menores, dos chicos y dos chicas, han sido puestos a disposición de la Fiscalía por su implicación en el atropello que este viernes acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pérez en un control de tráfico en Barbastro (Huesca).

Estos son los datos "objetivos" que ha podido determinar hasta el momento la Guardia Civil de Huesca tras las numerosas declaraciones, visualización de cámaras de seguridad, testigos directos e indirectos de los hechos que tuvieron lugar ayer y que acabaron con la vida del agente, de 54 años y natural de Zamora, que llevaba 27 años destinado en esta población oscense. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le impondrá este domingo a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo.

Según ha indicado la Guardia Civil, han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Huesca y del Juzgado de Barbastro el supuesto autor de los hechos, un varón de 17 años, que dio positivo en el test de consumo de drogas, otro varón de 14 años y dos mujeres, de 17 y 14 años, supuestos acompañantes del mismo.

Previamente, fuentes cercanas a la investigación habían informado de que los jóvenes detenidos eran cinco en lugar de los cuatro que han sido puestos a disposición de la Fiscalía, y no detenidos por tratarse de menores de edad, según ha informado a EFE la Guardia Civil.

El instituto armado ha explicado en un comunicado que ayer realizaban un control de alcoholemia y drogas en la rotonda de intersección entre la N-240 y la N-123 a su paso por Barbastro dos patrullas pertenecientes al destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de esta localidad.

Sobre las 19.35 horas le fue dado el alto a un turismo Opel Astra, cuyo conductor hizo intención de detenerse a las señales por lo que el agente se dirigió hacia el vehículo para realizar la prueba de alcoholemia e introdujo sus brazos en el interior del mismo para ofrecerle el etilómetro.

En ese momento, según la Guardia Civil, el conductor atrapó los brazos del agente contra el volante y aceleró súbitamente, iniciando la fuga del lugar, arrastrándolo 460 metros hasta que el coche se incorporó a la N-240, sentido Huesca.

A la altura del kilómetro 158,200 chocó lateralmente contra la bionda derecha, lo que provocó el reventón de una rueda y que el vehículo saliese en dirección a los coches que circulaban en sentido contrario, chocando contra un Audi Q-7, y quedando el cuerpo del guardia civil sobre el asfalto. El agente falleció sin que las asistencias sanitarias que acudieron al lugar de los hechos pudieran hacer nada por su vida.

Del turismo Opel Astra, que quedó detenido tras el impacto frente al cuerpo del agente fallecido, salieron huyendo del lugar "al menos" dos varones y dos mujeres y del vehículo Q-7 resultaron heridas dos de sus ocupantes.

A lo largo de la noche se han llevado a cabo gestiones para la identificación y localización del autor de los hechos y del resto de ocupantes del vehículo que han sido dirigidas por la Jefatura de la Comandancia y en las que han participado personal de Policía Judicial, Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil que han concluido con la puesta a disposición de la Fiscalía de los citados cuatro menores.

EL SUPREMO ORDENA REPETIR EL JUICIO

Un guardia civil evita dos multas poniendo como conductor a un muerto... y gana

El Juzgado Militar admitió los hechos pero el Supremo ordena repetir el juicio porque el general que le impuso la sanción también formó parte del tribunal que decidió el recurso

Dos motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. (EFE)

ROBERTO R. BALLESTEROS

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05.03.2016 – 05:00 H.

A los guardias civiles de tráfico no solo les toca poner multas, sino también recibirlas. Esto último, sin embargo, no gusta tanto. Un guardia civil de tráfico, de hecho, ha sido juzgado por poner a un fallecido como conductor del vehículo que él conducía y que había sido doblemente multado. El pasado 9 de julio, el Tribunal Militar Central confirmó que el cabo L. Z. L., destinado en la Agrupación de Tráfico de Herrera de Pisuerga (Palencia), no abonó dos sanciones por exceso de velocidad impuesta sobre el coche que él utilizaba habitualmente y que estaba a nombre de su mujer.

Para evitar el pago, según determinó la sentencia del tribunal togado, identificó como conductor del automóvil "voluntaria y conscientemente" a I. C. H., ciudadano ya fallecido en accidente de tráfico y cuyos datos fueron encontrados por el acusado en las bases de datos de la Guardia Civil. Tras realizar una auditoría, la Dirección General encontró que el cabo había accedido de modo irregular a dos archivos que incluyen los datos de personas muertas en accidentes de circulación y cuyo acceso está restringido. 

La sentencia del Tribunal Militar Central fue emitida después del recurso que interpuso el cabo contra la resolución del ministro de Defensa, Pedro Morenés, del 15 de septiembre de 2014, que confirmó la sanción que impuso el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el 14 de abril anterior de un año de suspensión de empleo por incurrir en una falta muy grave consistente en "el abuso o atribuciones que causen grave daño a los ciudadanos y a la administración".

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha decidido anular la sentencia del Juzgado Militar Central y repetir el juicio al entender que el recurrente no fue notificado "oportunamente" de la identidad de los oficiales que formaron parte del consejo que le impuso la sanción.

"No tuvo conocimiento de que el general D. A." fuera uno de los miembros, lo que le impidió recusarle, ya que este alto mando también había integrado el tribunal que resolvió posteriormente su recurso de forma negativa. Según el alto tribunal, el general "quedó afectado en su imparcialidad" al haber participado en los dos consejos. 

 
 

 

 

Sagrario Ortega, Madrid, EFE Policía y Guardia Civil celebran esta semana su día grande con la vista puesta en la posible salida de una crisis que ha mermado sus recursos y envejecido sus plantillas, algo aliviadas ahora con una oferta de empleo público más generosa que en los últimos años y un ligero incremento de sus presupuestos.

Murcia, los azules, y Málaga, los verdes, han sido las ciudades elegidas para celebrar los respectivos patrones en este final de legislatura, durante la que Guardia Civil y Policía han logrado mantenerse a la cabeza de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.

De hecho, son, junto con las Fuerzas Armadas, las únicas que consiguen el aprobado, con un 6,02 la Guardia Civil y un 5,95 la Policía, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo pasado.

Una legislatura en la que han tenido que hacer "más con menos", según han reiterado en numerosas ocasiones sus máximos responsables, Arsenio Fernández de Mesa e Ignacio Cosidó, al frente el primero de 84.172 guardias civiles y de 66.855 policías el segundo.

Ambos han valorado, en declaraciones a Efe, la "eficacia" de los dos cuerpos en la lucha contra la criminalidad pese a la grave crisis económica que ha afectado a las retribuciones de los agentes, a los medios de los que disponen y a la plantilla.

Y aunque la oferta pública de empleo ha sido más alta este año que en los anteriores -1.374 plazas en la Policía y 820 en la Guardia Civil-, la oposición y los sindicatos y asociaciones representativos de ambos cuerpos cifran en 19.000 agentes el déficit de las plantillas.

Con alivio se ha acogido en ambos cuerpos el anuncio de Interior de aumentar en 2016 la oferta y lograr que la tasa de reposición sea del 100 por ciento, aunque no podrá paliarse aún ese déficit.

Los dos cuerpos cierran la legislatura con una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que aplicar y que ha sido bien acogida, pero con sendas leyes de Personal recién estrenadas que no han gustado a las organizaciones mayoritarias, SUP y AUGC, insatisfechas además con la gestión de Interior en estos 4 años, que califican de "nefasta".

En el terreno operativo los resultados son positivos y demuestran que "vamos por el buen camino", asegura Cosidó, que pone como ejemplo la reducción en 2014 en un 17 por ciento de los homicidios y asesinatos en la demarcación de la Policía, los éxitos en la lucha contra el terrorismo yihadista (42 detenidos en lo que va de año) o las 125 operaciones contra la trata de mujeres (125 operaciones entre enero y agosto).

Mientras, en la demarcación de la Guardia Civil la criminalidad ha bajado un 4,2 por ciento en el primer semestre, recuerda Fernández de Mesa, quien considera que el instituto armado ha cumplido los objetivos de incrementar la eficacia policial y reducir la delincuencia.

Los sucesivos golpes a ETA, con la desarticulación reciente de su cúpula, o la reducción de hasta casi un 20 por ciento de los robos en el campo con la creación de los equipos ROCA, se suman a los resultados operativos de la Guardia Civil que, según su director, ha conseguido además tener una "importante proyección internacional".

Cosidó, por su parte, añade a los éxitos operativos otros objetivos internos logrados, como la dotación de chalecos antibala a todos los agentes de Seguridad Ciudadana, y avanza que en 2016 se podrán adquirir otros 5.000 y guantes anticorte para otras unidades especializadas, así como convocar unas 2.000 plazas de empleo público.

Fernández de Mesa, que deja claro que los "auténticos artífices" de la buena puntuación que les otorgan los españoles son los guardias civiles, resalta la mejora de las condiciones de vida de los agentes con iniciativas como la Ley de Personal o la orden general de jornada y horarios, que a su juicio favorecen considerablemente la conciliación de la vida laboral y familiar.

No opina así Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien acusa al Gobierno de querer "perpetuar" a los agentes como "policías baratos, sin derechos y obedientes", señala a Efe.

Moya reprocha a Interior que haya remilitarizado a la Guardia Civil y recortado derechos a los agentes, como el de reunión, manifestación o libre expresión. Su asociación culmina la legislatura en pie de guerra con la Dirección y ha convocado para el 14 de noviembre una "marea de tricornios".

Desde las organizaciones policiales, Mónica Gracia, secretaria general del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), censura la oportunidad que se ha perdido con la nueva Ley de Personal de actualizar los derechos de los agentes, y echa en falta un modelo policial que supere el actual, "caduco y obsoleto".

Gracia acusa también a la Dirección de "oscurantismo" y "falta de transparencia" en los procesos de promoción y ascenso y critica la "politización" de algunos mandos de la Policía.

Estimados clientes,

En el siguiente enlace podéis consultar la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar:

http://bvillanuevaabogados.com/descargas/category/4-legislacion.html 

Esta Ley trae importantes novedades que son importantes de resaltar para que el personal afectado pueda beneficiarse de las reformas y teniendo en cuenta que el tiempo en algunos casos es limitado para acogerse a dichos beneficios.

Entre estas novedades podemos resaltar las siguientes:

Compatibilidades: Aplicable a militares y a Guardias Civiles

-        El personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 y C2, incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, del régimen de incompatibilidades del personal militar, podrá solicitar ante los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos o ante la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa para los destinados en la estructura ajena a los mismos y, en el caso de la Guardia Civil ante la Subdirección General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje de no más del 30 por 100 de su retribución básica,  al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Se excluye de esta posibilidad al personal militar cuyos empleos son  equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1 y A2 que ocupen puestos en Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de destino de nivel 30 y 29.

Resto aplicables únicamente al personal militar:

-        Derecho a un ascenso:Los tenientes coroneles, los comandantes y los capitanes que pasen a la situación de reserva a partir del 16 de octubre de 2015 , pertenezcan a una escala en la que exista el empleo de coronel, no tengan limitación legal para ascender, y cumplan antes del 30 de junio de 2019 diez años en su empleo, computando el tiempo en reserva, podrán obtener, si lo solicitan, el empleo de coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente. Se les concederá en la reserva con efectos de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones.

-        A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir del 16 de octubre de 2015, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas producidas en acto de servicio, hubieran pertenecido a una escala en la que exista el empleo de coronel, no tuvieran limitación legal para ascender y cumplan antes del 30 de junio del año 2019 diez años en su empleo, computando el tiempo en servicio activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá conceder el empleo honorífico de coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente, que se asignará con antigüedad de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones.

-        Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en los términos establecidos en esta ley, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso.

-        Se podrá conceder el empleo inmediato superior a los militares que hayan pasado a retiro o resuelvan su compromiso y, en todo caso, a los fallecidos en acto de servicio o a consecuencia del mismo. Aplicable sólo a los militares.

-        En atención a las especiales circunstancias que hayan motivado el pase a retiro o la resolución del compromiso por incapacidad permanente para el servicio, producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, el militar podrá quedar vinculado con carácter honorífico con las Fuerzas Armadas, a una Unidad que se determine donde podrá seguir ascendiendo con dicho carácter honorifico.

-        Cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados a un proceso de ingreso en Centros Docentes Militares de Formación, antes de su ingreso, o, en su caso, antes de finalizar el período de orientación y adaptación a la vida militar que se fije en la convocatoria.

-        El Ministerio de Defensa impulsará y facilitará los procesos de promoción que permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, de los militares profesionales que reúnan los requisitos exigidos que deben desarrollarse reglamentariamente.

-        Medidas para fomentar un sistema de especialidades para los miembros de las Fuerzas Armadas.

-        Reforma de los destinos para facilitar una comisión de servicio para las víctimas de acoso, abuso o agresión sexuales, violencia de género.

-        Se establecen destinos provisionales para conciliar la vida profesional, personal y familiar por motivos de salud, discapacidad o dependencia del militar o sus familiares.

-        Los militares declarados víctimas del terrorismo tendrán derecho a la otorgación de un nuevo destino.

 

EL CONFIDENCIAL  

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de prisión a un guardia civil (J. M. M. L.) que acosó y agredió sexualmente a una compañera de la comandancia del instituto armado en Tres Cantos (Madrid). El tribunal considera probado que durante un año y medio la mujer tuvo que aguantar insinuaciones y comentarios del tipo “como ya tienes el trabajo dominado, vas a tener que hacer otro tipo de trabajitos para ganarte la vacante” o “te voy a follar de tal forma que vas a morir de placer”.

La sala, que obliga al funcionario a abonar más de 50.000 euros a la víctima en concepto de indemnización, también entiende acreditado que, tras las continuas negativas de la chica a someterse a las insinuaciones del agente, éste pasó a tener una actitud agresiva. “A partir de septiembre de 2009, como ellano aceptaba sus propuestas sexuales, el acusado comenzó a tratarle despectivamente, criticando su forma de trabajar, enfadándose con ella y dirigiéndole expresiones como niña mojigata, no te enteras de nada”.

Los periodos de furia hacia ella se fueron combinando con nuevas proposiciones -“con lo jovencita que eres te puedo enseñar muchas cosas y vas a disfrutar tanto que me vas a pedir de rodillas que tenga relaciones contigo”- entre junio de 2009 y octubre de 2010, periodo a lo largo del que se extendieron los hechos enjuiciados. En la primavera de este último año, según detalla la sentencia, el condenado se acercó a la mujer por detrás cuando ésta entraba a recoger material al almacén de la Plana Mayor de la Unidad de Policía Judicial de Madrid, donde ambos trabajaban, la agarró con fuerza, la inmovilizó y la toqueteó hasta que ella logró zafarse.

La pesadilla experimentó su clímax cuando, tras un episodio de furia del condenado hacia la chica, ésta “sufrió una crisis de ansiedad”

La pesadilla experimentó su clímax cuando, tras un episodio de furia del condenado hacia la chica, ésta “sufrió una crisis de ansiedad”. Un psicólogo de la Guardia Civil recomendó su baja laboral. La mujer, que aún hoy mantiene secuelas depresivas, presentaba lesiones psíquicas que fueron tratadas durante 925 días.

Los tres magistrados que componen la Sección 23 han valorado como prueba el testimonio de la chica, por considerarlo coherente y detallado, lo que a juicio de la sala otorga “patente credibilidad” a la declaración. “Nos hallamos ante un testimonio verosímil, persistente, coherente, muy concreto y sin ambigüedades”, argumentan los jueces en la sentencia, que también recuerda el temor que mostró la víctima al poner los hechos en conocimiento de la justicia.

“Ella sabía que con la denuncia su carrera profesional podría truncarse, que nunca lograría su sueño de poder formarse como policía judicial”, explica la resolución, que añade que, “a pesar de romperse ese sueño, tenía que seguir adelante con la denuncia por respeto hacia ella misma”.

El fallo, que subraya que los informes clínicos corroboran el relato ofrecido por la agente, aprovecha para criticar a la funcionaria de la sección de mujeres y menores de la Guardia Civil (EMUME) que atendió a la acosada cuando ésta acudió a su oficina “llorando y queriendo hablar con la superior jerárquica”.Sorprendentemente dice que no recuerda el contenido de la conversación que mantuvieron”, cuando “no se trató de un relato rutinario cuyos detalles pueden olvidarse, sino de un relato excepcional que por primera vez ocurría en la comandancia”. “Nos parece incomprensible”, concluye la sala respecto al testimonio de esta funcionaria.

El tribunal también califica de “sorprendente” que los compañeros de trabajo de acosador y acosada no escucharan ni vieran nada. Uno de ellos, señalan los magistrados -Olatz AizpurúaCelso Rodríguez y Gregorio Callejo- en su sentencia, incluso aseguró desconocer qué es “una broma de tipo sexual”.

La Sección 23 ha condenado a J. M. M. L. a dos años de cárcel por lesiones psíquicas en concurso con un delito de acoso sexual y a otro año más por agresión sexual. El guardia civil no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante los dos años y medio siguientes a su salida de prisión. 

 

La Delegación del Gobierno recuerda que la Guardia Civil no puede ejercer "el derecho de sindificación". Estaba fijada para el 14 de noviembre.

Miércoles, 28. Octubre 2015 - 13:45

 

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la "marea de tricornios" convocada para el próximo día 14 de noviembre en la capital por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, para reivindicar mejoras en los derechos y condiciones laborales de los agentes.

Según la resolución de la Delegación del Gobierno,la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, por lo que sus agentes, "al igual que el resto de militares, no pueden ejercer el derecho de sindicación", aunque sí pueden constituirse en asociaciones.

Y añade que la AUGC ha empleado "motivos de clara naturaleza sindical y política", como son la acusación de remilitarización de la Guardia Civil o su falta de democratización, "quebrando así el principio de neutralidad que debe regir el funcionamiento del Instituto Armado".

La Delegación del Gobierno cree que esos objetivos perseguidos por la AUGC "desbordan claramente los límites legales establecidos para las asociaciones profesionales de guardias civiles", por lo que no ha autorizado la manifestación.

Por su parte, los convocantes han anunciado que recurrirán la decisión porque, según dicen, se les está "negando al mismo tiempo derechos fundamentales recogidos en la Constitución para todos los ciudadanos".

Fuente: La Gaceta

28/07/2015 

La jurisprudencia establece limitaciones a la exigencia de uniforme o maquillaje de las mujeres en el trabajo

 

Unas recientes sentencias de la Sala de lo Social del TSJ Madrid han dado la razón a dos trabajadoras que, negándose a cumplir con las exigencias de su empleador respecto a la vestimenta o maquillaje que debían llevar en su puesto de trabajo, habían sido sancionadas o incluso despedidas del mismo.

En estos casos, el tribunal considera que la concreta exigencia del empleador resultaba discriminatoria o suponía una intromisión en la libertad de la trabajadora para mostrar su imagen física personal, por lo que deja sin efecto las sanciones impuestas y declara nulo el despido.

Obligación de llevar uniforme y zapatos de tacón en el trabajo

La Sala de lo Social del TSJ de Madrid S 260/2015, de fecha 17 de marzo de 2015 (Rec. 931/2014, Ponente: señora García Alarcón), anuló la sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo impuesta a una trabajadora, guía de Patrimonio Nacional, que se negó a ponerse el uniforme y usar zapatos de tacón, tal y como se le exigía.

Como nos informa Almudena Vigil, la trabajadora, que nunca llegó a usar el uniforme, alegó que la ropa resultaba “inapropiada para su dignidad”, calificándola de “sexista”, y puso de manifiesto que las blusas eran “excesivamente transparentes” y el tacón alto no era “apropiado para su categoría profesional de guía”.

La cuestión de la camisa no se llegó a aclarar, pero la obligatoriedad de llevar tacones mientras que los hombres pueden llevar zapato plano, y teniendo en cuenta que ambos sexos realizan las mismas funciones, es vista por el tribunal como “un componente de distinción vinculado al sexo de las trabajadoras” que, al resultar obligatorio para ellas, “supone una actitud empresarial que no resulta objetivamente justificada y por ello discriminatoria”. La sentencia explica que el uso de tacones altos “es innecesario y no solo no aporta ningún beneficio ni ventaja, sino que, por el contrario, puede perjudicar la salud de las trabajadoras, dado que si les resultan incómodos, eso puede traducirse en cansancio, cuando llevan varias horas de pie, y en lesiones”, pudiendo llegar a “repercutir en su rendimiento y en la atención al público”.

No obstante, el tribunal matiza que esto “no significa que no se considere totalmente digno el uso de zapatos de tacón por parte de aquellas trabajadoras que puedan encontrarse cómodas con él”, sino que “lo determinante en este caso es que la empresa dé la opción de usar zapatos de iguales características que los de los uniformes de los varones y no imponga a las trabajadoras por razón de género uniformes que puedan resultar inadecuados”.

Obligación de acudir maquillada al trabajo

En el otro caso, la empleada, contratada con carácter eventual como ayudante de dependienta, fue despedida con carácter disciplinario por negarse a ir maquillada.

Interpuesta demanda por la cesada, el Juzgado de lo Social le da la razón, declara nulo el despido por considerar que se había vulnerado su derecho a la propia imagen y condena a la empleadora al pago de 300 euros. Disconformes tanto empresa como trabajadora con la sentencia de instancia, recurren en casación; la empresa al considerar que el despido no fue nulo en absoluto, y la trabajadora por su disconformidad con el monto de la indemnización a la que fue condenada la empresa.

La Sala de lo Social del TSJ Madrid S 426/2015, de fecha 3 de junio de 2015 (Rec. 663/2014, Ponente: señor Muñoz Esteban) rechaza ambos recursos; por una parte, no acepta la pretendida modificación de hechos probados -que solicita la empresa- y da por sentados los fijados en instancia, y por otro confirma la cantidad indemnizatoria que se deberá abonar a la trabajadora por daños morales.

Según relatan los hechos probados, el despido disciplinario por no ir maquillada al trabajo fue precedido de diversas sanciones con amonestación escrita.

En lo que respecta al maquillaje, el documento entregado a la trabajadora sobre recomendaciones a cumplir, la «normativa imagen personal», no contenía una obligación de ir maquillada, sino que indicaba que en caso de maquillarse, "su maquillaje sea lo más discreto posible, consiguiendo dar una imagen limpia y cuidada".  Lo único que se ha acreditado es que la actora no iba maquillada y que no accedió a maquillarse.

Con tales antecedentes, la imposición de tal exigencia constituye una clara lesión del derecho fundamental de la trabajadora a su propia imagen y una intromisión en su libertad para mostrar su imagen física personal. No acreditado que la trabajadora acudiese a su puesto de trabajo de forma inadecuada en cuanto a su apariencia física, exigir que fuera maquillada incide en un aspecto relacionado claramente con la imagen más básica de la persona.

«lo único que se ha acreditado es que la actora no iba maquillada y que no accedió a maquillarsede modo que la actuación de la empresa, imponiéndole tales exigencias, constituye sin duda una clara lesión del derecho fundamental de la trabajadora a su propia imagen (art. 18.1 de la Constitución ), pues suponía una seria intromisión, totalmente injustificada, en su libertad para mostrar su imagen física personal. Debiendo subrayarse que, amén de que no se ha acreditado en modo alguno que la actora acudiese al trabajo de forma inadecuada (ni en cuanto a su ropa, ni en cuanto a su apariencia física, ni en cuanto a su aseo personal), nos encontramos con que, según indica asimismo la propia resolución, no se trata aquí de que se la exigiera una uniformidad o una apariencia adecuada conforme a los usos sociales (evitando, vgr., ropas, accesorios o maquillajes impropios), sino que, al exigírsele que fuera maquillada, se estaba incidiendo en un aspecto relacionado claramente con la imagen más básica de la persona, no habiéndose aportado una acreditación sólida de esos otros supuestos motivos de insatisfacción que hubieran podido llevar al despido de la demandante.»

Confirma por tanto el TSJ la improcedencia del despido porque más allá de la negativa a acudir al puesto de trabajo maquillada, exigencia que vulnera el derecho fundamental a la propia imagen, no acredita la empresa ningún otro motivo de insatisfacción que justifique la extinción de la relación laboral.

 

En esta ley se encuentran el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea y la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos personales garantizados por la Constitución.

En el primero de los asuntos, resulta necesario transponer en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. Para ello se modifican los artículos 118, 509, 520 y 527 y se introduce un nuevo artículo 520 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la introducción de las previsiones que el Derecho de la Unión Europea requiere, entre las que destaca el régimen de asistencia de abogado al detenido.

La modificación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, reconoce de forma clara y precisa que toda persona a la que se atribuya la comisión de un acto punible, podrá ejercitar su derecho de defensa, sin más limitaciones que las previstas en la ley, fijándose como marco temporal para el ejercicio de este derecho desde la atribución del hecho punible investigado hasta la misma extinción de la pena. Es contenido esencial del derecho de defensa la asistencia de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente en cualquier momento desde que se le atribuya la realización de un hecho punible y que estará presente en todas sus declaraciones y en cuantas diligencias de reconocimiento, careo o reconstrucción de hecho se practiquen.

Especial mención requiere la cuestión relativa al reconocimiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado, que podrá ser limitada cuando concurran determinadas circunstancias, como la presencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado.

Todos los derechos del investigado o encausado se facilitarán en lenguaje comprensible y adaptado a las circunstancias personales del destinatario, teniendo en cuenta la edad, grado de madurez o discapacidad.

Por otro lado la modificación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se adapta de forma rigurosa a las exigencias de la normativa europea, haciendo mención expresa, entre otros, al derecho del detenido a designar abogado con el que podrá entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. En caso de que, debido a la lejanía geográfica, no sea posible la inmediata asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible. También se regula el derecho a poner en conocimiento de un familiar su privación de libertad, el derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección y el derecho a comunicarse con las autoridades consulares, en caso de detenidos o presos extranjeros.

En este precepto, a fin de completar el estatuto del investigado detenido, se establece la obligación de que el atestado policial refleje el lugar y hora de la detención y de la puesta a disposición judicial o en libertad.

La denominada «prisión incomunicada» también ha sido objeto de revisión en la presente reforma, al objeto de adecuarla a las exigencias del Derecho de la Unión Europea. La nueva regulación del artículo 527 permite aplicar esta modalidad de detención cuando concurran los presupuestos legalmente previstos en el 509 de la LECrim:

«1. El juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o

b) necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.

2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.»

«4. En ningún caso podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años.»

 

En relación a los menores, se comunicará el hecho y el lugar de custodia lo antes posible a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho de aquellos, y serán puestos a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía. En caso de existir un conflicto de intereses entre los menores y aquellos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho, se le nombrará un defensor judicial al que le será suministrada aquella información.

Se introduce una regla específica para las detenciones en espacios marinos alejados del territorio español, dando respuesta a las situaciones que venían produciéndose ante la falta de previsión legal para estos supuestos.

La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica se actualiza en un nuevo artículo 579, donde se exige la concurrencia, no cumulativa, de cualquiera de los tres requisitos:

1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.

2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.

3.º Delitos de terrorismo.

Se introduce un nuevo artículo 579 bis relativo a la utilización del resultado de esta diligencia en otro proceso penal distinto, en particular en cuanto al tratamiento de los denominados «hallazgos casuales» y a la continuación de la medida, en aquel otro proceso, para lo que se requerirá un nuevo auto judicial que convalide esta situación. Esta previsión servirá de pauta para el resto de medidas de investigación tecnológica.

Las medidas de investigación tecnológica deben además satisfacer los principios de idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, cuya concurrencia debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora, donde el juez determinará la naturaleza y extensión de la medida en relación con la investigación concreta y con los resultados esperados.

En relación con la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, en la determinación del ámbito material de aplicación, se sigue el mismo criterio ya evidenciado más arriba por remisión, aunque se suman a la lista de delitos los cometidos por medio de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la telecomunicación.

En la modificación, la LECrim autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual. La resolución judicial habilitante deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la medida. Es decir, tendrá que motivar, a la luz de aquellos principios, si el sacrificio de las comunicaciones telefónicas no es suficiente y si la investigación exige, además, la interceptación de los SMS, MMS o cualquier otra forma de comunicación telemática de carácter bidireccional.

Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella.

Con el fin de asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposición del juez, se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica que garantice la información volcada desde el sistema central.

Se regula, por fin, el acceso por agentes de policía al IMSI, IMEI, dirección IP y otros elementos de identificación de una determinada tarjeta o terminal, en consonancia con una jurisprudencia del Tribunal Supremo ya consolidada sobre esta materia.

También se autoriza y regula la captación y grabación de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de dispositivos electrónicos. La primera, la exigencia de que sea el juez de instrucción el que legitime el acto de injerencia; la segunda, la necesidad de que los principios rectores de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad actúen como elementos de justificación de la medida. Esta medida solo podrá acordarse para encuentros concretos que vaya a mantener el investigado, debiéndose identificar con precisión el lugar o dependencias sometidos a vigilancia. Por tanto, no caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales de carácter general o indiscriminadas.

La reforma aborda también la regulación de la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización y la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización judicial, en la medida en que no se produce afectación a ninguno de los derechos fundamentales del artículo 18 de nuestro texto constitucional.

Por último, se reforma la figura del denominado agente encubierto a efectos de la persecución de determinadas modalidades delictivas, ya que, de una parte se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización judicial para ello; y de otra, se regula la figura del agente encubierto informático, que requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación  y que a su vez, requerirá una autorización para intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de una investigación.

Podéis consultar la LO 13/2015 y la Ley 41/2015 en:

http://bvillanuevaabogados.com/descargas/category/4-legislacion.html

 

Dos agentes salvan a un recién nacido hallado en un contenedor en una localidad de Madrid - "La cogí en el pecho y corrimos al hospital", relata uno de los efectivos

16.07.2015 | 01:37

Los dos agentes del Instituto Armado, con el recién nacido que salvaron.
Los dos agentes del Instituto Armado, con el recién nacido que salvaron. 
 
 

Un bebé de entre una semana y diez días fue rescatado con vida ayer por dos agentes de la Guardia Civil dentro de una mochila en el interior de un contenedor de basura soterrado en la localidad madrileña de Mejorada del Campo. El coronel Santiago Caballero, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, tildó de "pequeño milagro" el hallazgo del recién nacido.

El agente Carlos Rodríguez, uno de los dos efectivos que salvaron al bebé, contó que el niño ya había dejado de llorar cuando lo sacaron de la mochila donde se encontraba, por lo que lo apretó contra el pecho y lo llevaron corriendo al hospital. "La criatura no reaccionaba, le intentamos hablar, le movía, le acariciaba y llegando al hospital rompió a llorar. No nos relajamos porque la situación era muy tensa, pero teníamos la consciencia de que estaba vivo", relató.

El camión de la basura municipal llegó a las 07.35 horas aproximadamente al lugar; a las 07.40 se encontró la bolsa donde estaba el bebé y a las 07.45 llegaron con el recién nacido al centro sanitario. "Fue todo muy rápido, pero para nosotros fueron minutos que parecían horas", dijo Rodríguez.

Él y su compañero, Andrés Mollano, se encontraban ayer prestando servicio de seguridad ciudadana en la localidad madrileña de Mejorada del Campo cuando recibieron un aviso del cuartel, pues una persona había comunicado que oía lamentos procedentes de un contenedor de basura.

Al llegar al lugar, donde para entonces ya había un equipo de Policía Local, se dieron cuenta rápidamente de que era el llanto de un niño, que lloraba agónicamente, cada vez con menos fuerza. "Temíamos lo peor", enfatizó. Los agentes pidieron la activación de los servicios sanitarios, de bomberos y municipales para poder levantar el contenedor, pues no se podía acceder de ninguna manera.

Cuando llegó la grúa del Ayuntamiento, que tardó aproximadamente media hora, al bebé prácticamente no se le escuchaba ya, el llanto era muy ligero.

El contenedor se abrió poco a poco para ir sacando las bolsas y comprobándolas una a una -en este momento el bebé ya no lloraba- hasta que un operario municipal encontró una bolsa anudada de cierto peso.

"La rasgué -explicó Rodríguez- y, en el interior, había una mochila deportiva. Al abrir la cremallera, vi un brazo de un bebé e, inmediatamente, cogí a la criatura contra mi pecho. No habían llegado los servicios sanitarios, cogimos el coche y automáticamente salimos corriendo al Hospital del Henares, llegamos en cuatro o cinco minutos".

El bebé, de entre una y dos semanas de vida, estaba amoratado y muy blanquecino, con la cicatriz del cordón umbilical reciente. "Debería de llevar pocos minutos en el contenedor", añadió el agente. Explicó que los servicios sanitarios se hicieron cargo y, por las noticias que tiene, está en perfecto estado y durmiendo "muy a gustito".

El caso ha dado lugar a la apertura de diligencias que instruye un equipo de policía judicial de la Guardia Civil. El bebé será llevado previsiblemente a una residencia o a una familia de acogida.

 

 
 

 

 

Sagrario Ortega, Madrid, EFE Policía y Guardia Civil celebran esta semana su día grande con la vista puesta en la posible salida de una crisis que ha mermado sus recursos y envejecido sus plantillas, algo aliviadas ahora con una oferta de empleo público más generosa que en los últimos años y un ligero incremento de sus presupuestos.

Murcia, los azules, y Málaga, los verdes, han sido las ciudades elegidas para celebrar los respectivos patrones en este final de legislatura, durante la que Guardia Civil y Policía han logrado mantenerse a la cabeza de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.

De hecho, son, junto con las Fuerzas Armadas, las únicas que consiguen el aprobado, con un 6,02 la Guardia Civil y un 5,95 la Policía, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo pasado.

Una legislatura en la que han tenido que hacer "más con menos", según han reiterado en numerosas ocasiones sus máximos responsables, Arsenio Fernández de Mesa e Ignacio Cosidó, al frente el primero de 84.172 guardias civiles y de 66.855 policías el segundo.

Ambos han valorado, en declaraciones a Efe, la "eficacia" de los dos cuerpos en la lucha contra la criminalidad pese a la grave crisis económica que ha afectado a las retribuciones de los agentes, a los medios de los que disponen y a la plantilla.

Y aunque la oferta pública de empleo ha sido más alta este año que en los anteriores -1.374 plazas en la Policía y 820 en la Guardia Civil-, la oposición y los sindicatos y asociaciones representativos de ambos cuerpos cifran en 19.000 agentes el déficit de las plantillas.

Con alivio se ha acogido en ambos cuerpos el anuncio de Interior de aumentar en 2016 la oferta y lograr que la tasa de reposición sea del 100 por ciento, aunque no podrá paliarse aún ese déficit.

Los dos cuerpos cierran la legislatura con una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que aplicar y que ha sido bien acogida, pero con sendas leyes de Personal recién estrenadas que no han gustado a las organizaciones mayoritarias, SUP y AUGC, insatisfechas además con la gestión de Interior en estos 4 años, que califican de "nefasta".

En el terreno operativo los resultados son positivos y demuestran que "vamos por el buen camino", asegura Cosidó, que pone como ejemplo la reducción en 2014 en un 17 por ciento de los homicidios y asesinatos en la demarcación de la Policía, los éxitos en la lucha contra el terrorismo yihadista (42 detenidos en lo que va de año) o las 125 operaciones contra la trata de mujeres (125 operaciones entre enero y agosto).

Mientras, en la demarcación de la Guardia Civil la criminalidad ha bajado un 4,2 por ciento en el primer semestre, recuerda Fernández de Mesa, quien considera que el instituto armado ha cumplido los objetivos de incrementar la eficacia policial y reducir la delincuencia.

Los sucesivos golpes a ETA, con la desarticulación reciente de su cúpula, o la reducción de hasta casi un 20 por ciento de los robos en el campo con la creación de los equipos ROCA, se suman a los resultados operativos de la Guardia Civil que, según su director, ha conseguido además tener una "importante proyección internacional".

Cosidó, por su parte, añade a los éxitos operativos otros objetivos internos logrados, como la dotación de chalecos antibala a todos los agentes de Seguridad Ciudadana, y avanza que en 2016 se podrán adquirir otros 5.000 y guantes anticorte para otras unidades especializadas, así como convocar unas 2.000 plazas de empleo público.

Fernández de Mesa, que deja claro que los "auténticos artífices" de la buena puntuación que les otorgan los españoles son los guardias civiles, resalta la mejora de las condiciones de vida de los agentes con iniciativas como la Ley de Personal o la orden general de jornada y horarios, que a su juicio favorecen considerablemente la conciliación de la vida laboral y familiar.

No opina así Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien acusa al Gobierno de querer "perpetuar" a los agentes como "policías baratos, sin derechos y obedientes", señala a Efe.

Moya reprocha a Interior que haya remilitarizado a la Guardia Civil y recortado derechos a los agentes, como el de reunión, manifestación o libre expresión. Su asociación culmina la legislatura en pie de guerra con la Dirección y ha convocado para el 14 de noviembre una "marea de tricornios".

Desde las organizaciones policiales, Mónica Gracia, secretaria general del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), censura la oportunidad que se ha perdido con la nueva Ley de Personal de actualizar los derechos de los agentes, y echa en falta un modelo policial que supere el actual, "caduco y obsoleto".

Gracia acusa también a la Dirección de "oscurantismo" y "falta de transparencia" en los procesos de promoción y ascenso y critica la "politización" de algunos mandos de la Policía.

Mar, 02/06/2015 - 19:44

"La condición militar de la Guardia Civil es su propia razón de existencia. Si perdiera su naturaleza militar no se fusionaría con la Policía Nacional. Sería absorbida por la Policía Nacional y desaparecería. Porque no tendría razón de ser mantener dos policías". Así defendió el portavoz del PP en la Comisión de Defensa la aplicación del nuevo Código Penal Militar, a la Guardia Civil.
Vicente Ferrer, portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, defendiendo el carácter militar de la Guardia Civil. Congreso.
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"La Guardia Civil debe mantener su razón de existir, su condición militar, que es lo que la hace distinta de la Policía Nacional. El Estado no puede privarse de un cuerpo de gendarmería, de un cuerpo policial de naturaleza militar", argumentó Ferrer en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

En la misma se estaba debatiendo la Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgáncia del nuevo Código Penal Militar, que fue aprobado hoy, con un alto grado de consenso entre el PP y el PSOE por 23 votos a favor (PP), 15 abstenciones (PSOE y grupos nacionalistas) y 2 en contra (UPyD e Izquierda Plural).

Frente a la posición del PP de que el futuro nuevo Código Penal Militar fuera de aplicación a todos los miembros de la Guardia Civil se posicionó el PSOE, que defendió que sólo fuera aplicado en algunos aspectos. 

"No discutimos que la Guardia Civil sea un cuerpo militar", explicó Diego López Garrido, portavoz del grupo socialista en esta Comisión. "Lo que hay que tener en cuenta es que la Guardia Civil hace una función de naturaleza civil, de naturaleza policial. No actúa frente a un ejército enemigo que está enfrente". 

"En la Guardia Civil, además, no hay una sanción de arresto. Ni por falta leve, grave o muy grave. Tiene caracerísticas que no son idénticas a las de las Fuerzas Armadas. Por ello, el Código Penal Militar no debería ser aplicado, en algunos aspectos, a la Guardia Civil. En lo relativo a la disciplina militar, sí. En el resto, no", añadió. 

Finalmente, se aprobó la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. 

Este proyecto de ley orgánica fue aprobado por el Gobierno el pasado 25 de julio. Superó el primer trámite el 18 de septiembre cuando el pleno del Congreso rechazó dos enmiendas a la totalidad presentadas por Izquierda Plural y UPyD. 

En general, simplifica las penas -su extensión es la mitad que el actual- y las adecúa al Código Penal vigente. En el mismo se incluyen nuevos dleitos como el acoso sexual, el abuso de autoridad, las amenazas y el trato degradante. 

EL CGPJ NOMBRARÁ A LOS JUECES MILITARES

El futuro Código Penal Militar contiene una gran novedad: los jueces del Tribunal Central, de los Tribunales Territoriales y los Juzgados Togados serán nombrados por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "previo informe motivado de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central".

Actualmente, esa potestad pertenece al ministro de Defensa. 

Por primera vez, además, los autos y sentencias de la justicia militar serán hechos públicos, de la misma forma que ocurre con las resoluciones de la justicia ordinaria. 

El proyecto tiene ahora que ser debatido y votado en el pleno del Congreso de los Diputados y después desembocar en el Senado, donde volverá a ser votado.